Salta 2141: Pidieron cinco años de prisión efectiva para los imputados

Cinco años y nueve meses después de que estalló el edificio de calle Salta 2141 por una gran fuga de gas causando la muerte de 22 personas, la Fiscalía y la querella pidieron ayer cinco años de prisión efectiva para los imputados de haber causado esa tragedia, entre los que se encuentran el gasista, su ayudante, los administradores del consorcio e inspectores y responsables jerárquicos de Litoral Gas. Las defensas, en tanto, que hoy continuarán con sus alegatos, anunciaron que irán por la absolución. Todo, en el marco de la primera jornada del juicio oral y público que prevé extenderse al menos por dos meses y por el que desfilarán más de 130 testigos por el nuevo Centro de Justicia Penal.

Cuando habían pasado 38 minutos de las nueve de la mañana, la hora exacta en que explotó el edificio el 6 de agosto de 2013, la fiscal Graciela Argüelles promediaba ayer el alegato de la fiscalía. Detrás de ella escuchaban con atención los padres de Débora Gianángelo, la única familia de una víctima que quedó como querellante en este proceso. El resto acordó una indemnización a cambio de desistir de los reclamos penales.

Argüelles remarcó que la tragedia «fue el final de una serie de reclamos» ante Litoral Gas, realizó una cronología de los hechos anteriores a la explosión, cargó duro contra el gasista Carlos García, quien manipuló el regulador el día de la tragedia, fustigó el rol de los administradores de consorcio y no dudó en criticar el de los responsables técnicos de Litoral Gas.

Así, se remontó al inicio de esta «cadena de negligencias», a la que situó el 24 de julio de 2013, el día en que Mariela Bozzo, vecina del 9º F del edificio, llamó a Litoral gas para advertir que «se le apagaba el calefón» y lo mismo sucedía con la «hornalla de la cocina».

Un día después llegó al lugar el inspector de Litoral Gas, Gerardo Bolaños. «No se contactó con esa vecina, fue directamente al gabinete de gas del edificio e interrumpió el servicio al encontrar pérdidas», dijo la fiscal. Para cerrar la llave de servicio convocó a otro empleado de la empresa, Guillermo Oller. Entre ambos colocaron una llave adicional y la cerraron. Después dijo que hizo constar en un formulario que le colocó un cepo, lo que a entender de la fiscal, no sucedió.

Argüelles remarcó además que Bolaños hizo una marca amarilla en la vereda del edificio para indicar el lugar en el que había que romper para solucionar el problema, rotura que debía autorizar la Municipalidad. El aval municipal llegó vía mail en la tarde de ese mismo día, pero los trabajos no se realizaron.