Dos millones de metros cúbicos de gas en un limbo administrativo

El gobierno provincial, a través de la empresa pública Enerfe, pidió autorización a la Nación para operar el tramo santafesino del Gasoducto del Noreste Argentino. Son más de 900 kilómetros de gasoducto que no están siendo utilizados por desidia del gobierno central.

La provincia de Santa Fe, a través de la empresa pública Enerfe, gestiona desde el año pasado ante el gobierno nacional un permiso para operar y explotar el tramo santafesino del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA). Hasta hora, pese a los reclamos formales del gobierno santafesino, no hubo respuesta de la Nación y decenas de localidades del norte siguen sin contar con el servicio de gas natural.

En septiembre de 2018 la provincia de Santa Fe comenzó con las gestiones, a través de notas enviadas por el gobernador Miguel Lifschitz a la empresa Integración Energética Argentina S.A. (Ieasa, ex-Enarsa) para operar y mantener el gasoducto del NEA en el tramo santafesino y en la provincia de Chaco. Sin embargo, todavía no hay respuestas y nadie fue designado a cargo de esa operación.

El subsecretario de Gas y Energías Convencionales de la provincia, José Luis Parrino, explicó este lunes que “desde septiembre de 2018 todo el GNEA en el tramo de Santa Fe y Chaco cuenta con gas natural dentro de las cañerías a 20 kilos de presión. Estamos hablando de 500 kilómetros de gasoducto en 24 pulgadas y 450 kilómetros de gasoducto en ocho, seis y cuatro pulgadas, o sea que en estos momentos hay 2.000.000 de metros cúbicos de gas dentro de la cañería listos para ser utilizado por las localidades”.

La empresa que efectuó la obra es Ieasa que a la fecha no definió quién va a hacer la operación y el mantenimiento de ese gasoducto. Esto genera “una dilación en termino de los enganches de las localidades para que comiencen a distribuir gas y para que los usuarios residenciales e industriales puedan usufructuar ese servicio público; y en segundo término, hablamos de la peligrosidad de tener un sistema de 900 kilómetros de gasoducto con sus 70 instalaciones de superficie con gas natural a presión sin ningún tipo de mantenimiento ni de control que es un sistema de alta peligrosidad por el combustible que significa”, agregó Parrino.

En diciembre de 2018, luego de que las empresas contratistas realizaran las pruebas y cargaran el tramo de cañería con gas, la Secretaría de Estado de la Energía de la provincia presentó, de manera formal, un modelo de acta acuerdo mediante la cual ratificaba su deseo de hacerse cargo de la operación y mantenimiento y, a la vez, planteaba la posibilidad de efectuar una concesión directa del Estado nacional al Estado provincial a través de Enerfe “para que se comience a abrir el grifo y las localidades sean abastecidas de gas en sus viviendas y sus industrias”, indicó Parrino.

A su vez “se presentó un cronograma de la operación y mantenimiento en el que se establecieron seis puestos de control: el despacho principal, en la sede de Enerfe en la ciudad de Santa Fe, y unidades operativas en las localidades de San Justo, San Cristóbal, Tostado y Reconquista. Además, se agregaba que, en caso de tomar también la parte de Chaco, se instalarían en Resistencia y en Roque Sáenz Peña”, mencionó el subsecretario.

Relevamiento

En simultáneo, el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Estado de la Energía, realizó un relevamiento y obtuvo como resultado que 24 industrias “estarían en condiciones inmediatas de conectarse al sistema troncal del GNEA, lo que representaría un consumo de 250.000 metros cúbicos por día constante a lo largo de todo el año”, explicó Parrino.

Según señaló, esto significaría “más competitividad a partir de la sustitución de combustibles. Todo el norte santafesino fue históricamente utilizador de biomasa, por lo que cambiar esa matriz a gas natural implica un beneficio económico y un mejoramiento del medio ambiente”.

“Con la demanda de los usuarios, con la operación y mantenimiento, y con el esquema de relación Nación-provincia aún esperamos una respuesta del gobierno nacional. Nos preguntamos por qué la obra no puede ser usufructuada pese a que tiene gas desde septiembre de 2018, hay voluntad del gobierno provincial de llevarla adelante y el Estado Nacional, a través del aporte de todos los argentinos, invirtió un monto que supera los 1800 millones de dólares”, cuestionó el subsecretario de Gas y Energías Convencionales.