Desestimaron la causa que involucró al ministro Pullaro y al exjefe policial Rodríguez

A un año y medio del escandaloso suceso, el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, Ezequiel Hernández, desestimó la causa que investigó al exjefe de la Unidad Regional V, Adrián Rodríguez y al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. Ambos habían sido sospechados en su momento, sin ser imputados formalmente, como autores del delito de cohecho en el marco del concurso de ascenso para cubrir el cargo de Director de la policía provincial.

El hecho se conoció, cuando por orden del fiscal Roberto Apullán, se ordenó la detención de Rodríguez, el 9 de octubre del 2017, en momentos en que el jefe se encontraba a cargo de la Unidad Regional V de Rafaela. Dicha aprehensión, se dio en razón de una serie de escuchas donde el exfuncionario policial había mantenido diálogos con el titular de la cartera de Seguridad, sobre la fecha de inscripción para rendir el cargo de Director General de la Policía de Santa Fe. A su vez, referían sobre que el presidente del jurado era él mismo Pullaro, el cual que le iba a dar las respuestas, en tono chistoso, a Rodríguez.

Los diálogos fueron interceptados por los fiscales Apullán y su adjunta, María Laura Martí, que investigaban a Rodríguez por el desvío de fondos de las Orden de Servicio Extra de Policía (Ospe) cuando éste estuvo a cargo de la Unidad Regional I.

En medio de esa compleja investigación -de la cual sí está imputado Rodríguez- los funcionarios solicitaron al juez penal, Nicolás Falkenberg, la intervención de un número telefónico que pertenecía al Estado provincial y que estaba a cargo del propio Pullaro ya que entendieron que existía cohecho activo y pasivo.

El magistrado aceptó y dio lugar al pedido de escuchas. Tal proceso judicial, que según el ministro Pullaro, se dio de manera ilegal -ya que según su criterio los fiscales no advirtieron de quien era la línea a intervenir-, motivó a que en 2018, los fiscales Apullán y Martí sean imputados por los delitos de «falsedad ideológica»,»incumplimiento de los deberes de funcionaria pública» y «abuso de autoridad» por no explicarle al juez de quién era la línea a intervenir.

La imputación estuvo a cargo de los fiscales rosarinos, Juliana González y Gustavo Ponce, en el marco de una denuncia que radicó el propio ministro Pullaro días después de que las escuchas se filtren en la prensa y generen un fuerte simbronazo en el Gobierno Provincial y el propio Poder Judicial de la provincia.

FUENTE: Diario UNO de Santa Fe